Por Martín López Lastra (*)
La tragedia en el caso del joven Santiago Maldonado dejó a todos consternados porque tuvo el final más inesperado.
Mucho se ha debatido sobre el operativo que derivó en el desenlace fatal. También sobre cómo se puso en agenda la situación de los pueblos originarios y sus demandas pendientes sobre territorialidad. Esos debates se hacen en nivel político, sin que se alcancen hasta ahora fructíferos consensos.
En simultáneo, asoma la posibilidad de ver nuevos modos en la Justicia que bien valen la pena resaltar y que escapan al universo estricto de lo jurídico. Y sobre todo, de lo concebido como “tradicional”.
Las últimas semanas relativas a la instrucción judicial del caso advirtieron sobre esas nuevas modalidades.
En la actuación del Juez Gustavo LLeral, pudo observarse una síntesis de transparencia, control y rupturas con lo tradicional. Para muestreo, tomemos la breve etapa que va desde poco antes del operativo de hallazgo del cuerpo hasta que finalizó la autopsia.
En esos días se apreció un claro ejemplo de relaciones con la comunidad en el cual el juez - aún pudiendo ejercer en plenitud sus facultades otorgadas por el imperio de la ley y la Constitución-, prefirió atender cuestiones culturales y afectivas de los destinatarios inmediatos de su accionar.
Con humildad, el juez “acató” las “condiciones” para tal operativo y esto fue lo llamativo y que invoca a una cuestión de ruptura con lo tradicional que incluso, no tuvo cuestionamiento de pares, de partes del caso, ni de superiores en el mundo judicial.
Transparencia y control también relucieron notablemente en el estilo de la instrucción. Si bien no debería sorprender que tales condiciones y valores son necesarios e inseparables de un estilo republicano, sorprendió gratamente su desarrollo en este caso.
Para este caso parece sobreabundante que se intente demostrar que el control registró notable cumplimiento como ocurrió con la presencia de peritos de todas las partes en la autopsia realizada en la Corte Suprema de la Nación. Algo que debiera ser rutinario y normal se destacó también por la practicidad para establecer la instrumentación de ese paso procesal.
La transparencia va ligada a la capacidad del magistrado de administrar la información que debe ser compartida con la comunidad. Se demuestra gestión durante la instrucción hablando a la sociedad a través de los medios, descartando cuestiones meramente secundarias y frívolas para el contexto como puede ser alguna nota exclusiva o un móvil. Hablar una sola vez y a través de las guardias periodísticas en general fue la veta de transparencia seleccionada, oportuna y disponible.
La tríada conformada por transparencia, control y relaciones con la comunidad depara la posibilidad de observar, a través de un caso, un nuevo ejercicio de magistratura que tiene que ver con un modelo acorde al siglo 21 y a una nueva mentalidad, tal vez desprendida de aquellas conclusiones relacionadas con últimas ediciones de la Conferencia Nacional de Jueces o distintos encuentros donde se analizan alternativas de vinculación entre Justicia y comunidad.
Pero tal conclusión parece instalarse en relación ya no con un modelo perdurable, sino para ocasiones especiales como son los llamados “casos de agenda” o de alto impacto en la opinión pública que, con fuerte expectativa, aguarda una construcción de verosimilitud y legitimidad con que se va a administrar justicia.
En ese sentido, sabido es que dese hace unos años se estudia cómo el caso judicial puede ser blanco de fuertes debates impulsados por expertos del juicio paralelo, periodistas de alto reconocimiento y sujetos colectivos con fuerte interés en determinada resolución de la causa. Son los denominados “portavoces” (opinadores) y “newsmakers” (fuentes destacadas), que bien se citan en los denominados procesos de construcción de agenda en los medios.
Este nuevo contexto impone así ciertas adaptaciones que la justicia viene estudiando y analizando para que casos como este no sorprenda a desprevenidos. Y coloca en una suerte de status superior al promedio al Juez que le toque este tipo de causas. Obligándolo a una ruptura con lo tradicional del campo jurídico. Situando al magistrado, tal cual lo describió hace unos años, el sociólogo Oscar Landi como el necesario ordenador de la sociedad y como portador de la última palabra que debe ser aceptada como legítima en un universo de conflictividades.
(*) PERIODISTA Y DOCTOR EN COMUNICACIÓN (UNLP)
